jueves, 30 de junio de 2011

La ruta de la basura electrónica


Mientras 2.400 toneladas de basura electrónica se reciclan en Argentina cada año, más de 100 mil quedan sin tratamiento. 400 millones de pilas se tiran anualmente y representan sólo el 0,12% de los residuos. Senadores aprobó un proyecto de ley para revertir estos índices antes de que sea demasiado tarde. A pesar de ser una ley que se ocupa del medio ambiente, hay quienes la atacan. Al proyecto le cuesta avanzar, pero dio un paso importante. La batalla continuará en diputados.


¿Quién no quisiera tener el último celular, lo último en tecnología?, pero ¿qué sucede con la basura que se genera por el consumismo extremo? ¿Alguien se detiene a pensar adónde va a parar lo viejo, lo que ya no se utiliza? Anualmente, cada habitante de Argentina genera tres kilos de basura electrónica, o sea un total de 120 mil toneladas (el peso de 16 mil elefantes adultos), de las cuales sólo se recicla el 2%. Se estima que durante 2011 tres millones de teléfonos celulares se renovarán y que más de un millón de computadoras serán desechadas.

Durante los tres años que tardó en llegar a la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto de ley para regular la basura electrónica, se acumularon 360 mil toneladas de televisores, radios, teléfonos celulares y pilas.


El proyecto

El pasado 4 de mayo la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley para la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Es la primera vez que se trata este tema en el recinto y pasó a la Cámara de Diputados con un solo voto en contra, el de Mario Cimadevilla, del Radicalismo. El proyecto no sólo determina qué aparatos electrónicos son los que se deberán reciclar, sino que establece la creación un ente regulador -compuesto por el Estado y las empresas privadas- e introduce el concepto económico-político de la responsabilidad extendida del productor.

Más allá de las diferencias partidarias, Daniel Filmus, del Frente Para la Victoria, retomó un proyecto de Alfredo Martínez, senador de la UCR, y reanudó la discusión sobre este tema.


La discusión en el recinto

Los aspectos más polémicos de la ley fueron la creación del ente regulador (ENGERAEE) y la posibilidad de que este órgano avanzara sobre las autonomías provinciales. “Hay todo un capítulo relativo a la creación del ENGERAEE que no voy a votar. Hay que promover la creación de cooperativas, ONG’s y pequeñas empresas a nivel local para que la operación de reciclado, reúso y deposición esté lo más cerca posible de los consumidores. No me parece que sea una buena idea la centralización. La legislación debería tratar de mantener lo más posible la gestión de RAEE a nivel local”, argumentó María Eugenia Estenssoro, senadora por la Coalición Cívica.

El asesor técnico en asuntos ambientales de Filmus, Dalmiro Platini, reconoció que Estenssoro hizo aportes muy significativos en cuanto a los recicladores sociales que se tuvieron en cuenta al redactar la ley, aunque aclaró: “Esta legislación no avanza sobre las autonomías provinciales porque le deja a cada municipio la libertad para trabajar como prefiera, aunque regulada por el ente”. Además el candidato a jefe de Gobierno porteño por el FPV dijo: “Habrá una conducción centralizada en donde participan las provincias, los municipios y los distintos actores del sistema. Todas las provincias acordaron que este proyecto de ninguna manera avasalla sus autonomías”.

La directora de campaña sobre basura electrónica de Greenpeace Argentina, Yanina Rullo, argumentó: “Votar en contra del sistema de gestión es casi como no votar la ley. Estenssoro se opuso a artículos que hacían a la implementación del proyecto. Esto cambia el espíritu de la ley. Además los municipios pueden negociar con el órgano regulador”. La organización ambientalista se manifestó a favor de esta ley desde el principio y resaltó la necesidad urgente de que se aprobara.


El proyecto de ley que se está discutiendo no deja de ser un avance, no sólo porque es la primera vez que se legisla sobre la materia sino porque establece la responsabilidad de los productores y la extiende hasta el final de la vida útil de los artefactos con que reditúan. Limitar los componentes tóxicos y establecer un sistema de control estatal y privado, para la reutilización y reciclaje de 120 mil toneladas de basura es un gran avance en política medioambiental.


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