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lunes, 27 de junio de 2011

Las piletas de los pobres

Parecen lagos de agua cristalina, pero no lo son. Cada verano al menos una de las personas que se zambulle en las tosqueras no vuelve más. El apacible espejo de agua es en realidad una excavación minera, en busca de tosca, que luego de ser abandonada por sus creadores, se llena de agua de lluvia y napas. Además, son rellenadas con basura, lo que provoca la contaminación de ese agua, y luego, la de las napas próximas a la cava.

En la villa La Cantera, en el partido bonaerense de Berazategui, llega el verano y los techos de chapa empiezan a calentar. Los chicos y jóvenes no se pueden contener más: tienen que refrescarse de alguna manera. La tosquera que está a solo 300 metros de sus casas, sin nada que impida su acceso, parece una opción más que viable. Hay veintisiete dispersas sólo por Berazategui. Cada verano se llevan varias vidas, por lo general las de jóvenes que se meten en busca de un chapuzón y se encuentran con una trampa mortal.

En enero del verano pasado, Emiliano Ramírez, de 12 años, se ahogó en la tosquera que está cerca de su casa en La Cantera. El chico y sus amigos se sambuyeron como lo hacían ocasionalmente, pero repente empezó a mover los brazos con desesperación, y cuando fueron a su rescate no había rastros de el. Emiliano tenía prohibido ir a bañarse ahí; su mamá sabe de sus peligros y se los recordaba siempre. “Qué podía hacer, yo le decía que no vaya, pero a los pibes no les importa, lo hacía para desafiarme. Siempre me iba a trabajar con el corazón en la boca, porque sabía que se metía con sus amigos. No pensé que iba a pasarle a el, pero le pasó”, recuerda Gabriela, con dolor, con el peor dolor del mundo, como dice ella, que es el de perder a un hijo.

Manuel, Ramiro y Tiago, con su perro negro, entran, salen, saltan, vuelven a salir y juegan felices en la cava donde hace un año se ahogó Emiliano. Ellos lo conocían y saben lo que le pasó, pero hay una fuerza mayor: “tengo calor, ¿vos conocés alguna pileta por acá?”. 

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Por qué son tan peligrosas

Las tosqueras, cavas, canteras o lagunas, como las llaman los vecinos que viven cerca, son cavadas para sacar la tosca que se usa en la construcción de caminos y edificios. Cuando se completa la extracción, sus creadores la abandonan y al poco tiempo se llena de agua de lluvia y de napas, y también de basura.

Dan la apariencia de tener aguas tranquilas, pero tienen remolinos que se generan por las zanjas que quedan de la explotación minera. Se produce una diferencia de temperatura importante entre una zanja que está a cuatro o cinco metros de profundidad y la superficie que se calienta con el sol. Entonces, entre las partes cálidas y las partes frías, se produce una corriente interna. Cuando alguien se mete y empieza a moverse, provoca movimientos ascendentes y descendentes del agua, que generan fuertes corrientes y remolinos, mortales hasta para un excelente nadador.

En el fondo crecen plantas que enredan a los que se sumergen y no los dejan salir a respirar, muchas veces cuando quedan atrapados en los remolinos la vegetación los envuelve y se ahogan. Los lechos de las cavas son arcillosos y fangosos y hacen un efecto sopapa, que absorbe a quienes pisen el suelo. Además las paredes son casi verticales, por eso son muy susceptibles a derrumbes cuando alguien se agarra del borde e intenta salir.



Como si fuera poco, también contaminan

Las cavas presentan un problema adicional, aunque no mortal a simple vista: una vez que fueron abandonadas se llenan de agua y basura que convierten al espejo de agua en un foco infeccioso, ya que los residuos que se arrojan generan, cuando se descomponen, unos jugos llamados líquidos lixiviados, que son altamente contaminantes. Es común ver a los niños y jóvenes que deambulan o se bañan en esas aguas, con excoriaciones o granos en la piel.

Una vez que la basura llegó a la cava, se generan esos líquidos que se escurren libremente, filtrándose en la tierra, hasta la primer napa, ubicada entre los 12 y los 20 metros de profundidad.

Aunque las comunas no extraen agua del primer acuífero, sino de otros más profundas, el peligro de contaminación de la napa de extracción de agua es un hecho, según la geóloga Mirta Cabral, miembro del Instituto de Geomorfología y Suelos (IGS): “las napas pueden ponerse en contacto, porque están separadas por estratos arenosos con poca agua, pero que permiten el filtrado de líquido. Esto sucede, sobretodo, en los lugares donde se realiza una extracción intensiva de agua”. Así sucede en Berazategui, donde electrobombas de extracción sacan agua de las napas freáticas para ser distribuida en el distrito.


Justicia escueta, empresas liberadas

Para construir una tosquera se necesita cumplir con los requisitos legales que impone la Dirección de Minería de la provincia de Buenos Aires, que legislan para una vez hecha la cava. La única condición a priori que pone, es que la zona en la que se quiere excavar sea rural y no urbana, además de un estudio de impacto ambiental (realizado por la misma empresa). Luego, el municipio queda a cargo de la fiscalización, es decir, hacer cumplir a la compañía con los requisitos más específicos: que la profundidad de la cantera no supere a los doce metros, que se haga un vallado para que la gente no tenga acceso y que se pongan carteles indicadores de la actividad y sus peligros.

Con una legislación de por sí pobre, la Municipalidad queda a cargo de hacer cumplir la ley, y ahí comienzan los problemas en Berazategui. En Ranelagh, localidad del municipio, se está construyendo una tosquera en plena zona urbana. Lo que hizo la autoridad municipal fue rezonificar el área, cambiarle el nombre, y convertirla en rural, o sea, apta para las excavaciones mineras, y ahora hay un cantera en medio de una zona residencial, lo que viola la regulación provincial al respecto.

“Cualquier remoción de tierra tiene que estar habilitada por un proyecto que haya sido aprobado y chequeado a través de un impacto ambiental. Como ese impacto lo evalúa la empresa, siempre va a estar acorde a la ley, a un emprendimiento beneficioso para todos, y no hay ningún tipo de control después de que se aprueba el impacto”, reflexiona la concejal de Berazategui Mónica Colman, de la Comisión de Medio Ambiente y del bloque Igualdad y Justicia Social. Por su lado la firma Gildin SA, principal excavadora de la zona y dueña de Tosqueras del Sur, la compañía a cargo de la cava en Ranelagh, no quiso aportar ningún tipo de declaración al respecto de su trabajo en Berazategui.

“Desde la gestión Mussi, padre e hijo, se incrementó la no regulación de las tosqueras. Se está utilizando a Berazategui para la construcción de barrios cerrados. Para eso se usa la tosca, para rellenar los terrenos, y es lo que ha provocado que haya más cavas en el municipio”, asegura Ana María Sioch, concejal del bloque del Acuerdo Cívico, integrante de la comisión de Medio Ambiente.

Por su parte, el subsecretario del Concejo Deliberante, Roberto Romero, del bloque oficialista, opina muy distinto: “En esta gestión hubo un seguimiento mucho más estricto con este tema, hay una política clara de alambrado y cuidado de las cavas”.

En las 27 tosqueras diseminadas por todo Berazategui, solo una, la que está en Ranelagh, tiene impedido su acceso. Todas las demás son de muy fácil llegada para cualquier persona que lo se proponga. Esta realidad se encuentra a simple vista, basta con pasar por enfrente de las cavas que están sobre la autopista Buenos Aires-La Plata: tienen un alambrado, que cubre sólo un lado de la laguna, desde todos los demás costados, no está impedido el paso.


Tosqueras y mentiras para todos

Roberto Tizano, responsable de la Dirección Técnica de Servicios Sanitaros de la Municipalidad de Berazategui, tiene muy en clara la repartición de responsabilidades con respecto a esta problemática: “Nosotros pusimos alambrados, pero los cortan y se los roban. Hasta ahora no hemos tenido ninguna desgracia mortal pero por suerte tenemos un control permanente con eso”. Tizano no sólo responsabiliza a las propias víctimas, si no que además ignora que a razón de un chico por verano se muere ahogado en esos lagos, sólo en Berazategui. Aunque no hay cifras oficiales sobre esas muertes, el dato se desprende de una minuciosa búsqueda en las revista zonales del municipio, y desde 1970 hasta la fecha, se registraron 41 muertes en las publicaciones, en promedio, una por año.

La llegada del agua al pozo no presenta un problema en sí, sino los rellenos que se les tira antes de que se inunde. Tizano, le adjudica la culpa a cartoneros o “cirujas con carritos”, que tiran su basura a la orilla, originando el conflicto ambiental. Ana María Sioch asegura que en una nueva cava en construcción los vecinos denunciaron ver desechos patológicos, jeringas, y demás elementos de hospital, en el fondo de la explotación.

Mientras que la Municipalidad avala, las empresas hacen lo que quieren. Entre la calle 35 entre 167 y 168 hace pocos días los vecinos de Berazategui descubrieron una nueva excavación, en la cual se está trabajando y la propia Dirección de Control Urbano no permite a los concejales entrar a inspeccionar la obra. La gente del lugar denunció que se están enterrando desechos patológicos allí y que vieron sacar tosca a camiones de la municipalidad. “Esa cantera es totalmente clandestina. Te demuestra que no se hace ningún estudio, ni se maneja ninguna norma desde el municipio. No te dejan entrar, dicen que es por tu seguridad, yo digo que es porque están ocultando algo”, sospecha Sioch, que ya hizo un pedido para que el municipio de explicaciones al respecto.

En cuanto a propuestas sobre qué hacer con las cavas ya realizadas, una abanico de posibilidades se abre. El responsable de la Dirección Técnica de Servicios Sanitarios opina: “Son las autoridades políticas las que tienen que tomar recaudos en el tema. Nosotros ante eso qué hacemos, se están dando una serie de emprendimientos privados, los cuales compran con tosquera y todo y le dan un tratamiento de paisaje conjuntamente con loteo que después venden para que sea un lago todo tratado, como corresponde, con plantas, con árboles, todo un tratamiento de geografía interesante y de medio ambiente importante”. La geóloga Cabral tiene una propuesta bastante diferente: “los pibes que se ahogan en las canteras no tienen otro lado donde refrescarse, porque en Berazategui no hay piletas públicas. La municipalidad bien podría rescatar esos pozos, poniéndoles una base de madera flotante, atada a los bordes, y dándole el apropiado tratamiento al agua, para que los chicos puedan bañarse allí”.

Frente a tan escueta solución por parte de las autoridades oficiales, la concejal Colman reflexiona: “La única opción que da el municipio para el tratamiento de las canteras es vender el predio y que se ocupe la empresa de su restauración”, y agrega: “Pero el hecho es que son un perjuicio para el suelo porque no excavan con limitaciones, nadie se entera cuál es el proceso de recuperación de ese suelo y más de una vez el municipio esta enganchado en la propia construcción porque mucha de las empresas excavadoras son accionarias de los municipios”.

Por lo menos una persona al año muere. Se muere por querer refrescarse. Desde la Municipalidad de Berazategui, “se está trabajando fuertemente en el tema”, sigue afirmando el encargado de Servicios Sanitarios. Por suerte, la municipalidad le cede a las constructoras de barrios privados las cavas para que hagan mas bello su parque, total, sus habitantes tienen sus propias piscinas en el patio. Por suerte alguien está haciendo algo, para que este verano no haya más emilianos. 


domingo, 22 de mayo de 2011

Tráfico de basura, un problema pendiente

           Luego de que en los ochenta saltaran a la luz una serie de episodios que pusieron en evidencia el tráfico ilegal de residuos, la comunidad internacional creó un sistema de control de los movimientos trasfronterizos de desechos peligrosos. Mientras todavía se discute la efectividad que tiene para proteger a los países más vulnerables, se impulsó el debate acerca de la cuestionada Enmienda de la Prohibición sobre la cual los Estados deberán tomar una posición para la próxima reunión de las partes.

           La regulación  
           El Convenio de Basilea, puesto en vigor en mayo de 1992 y actualmente integrado por casi de 200 países, se propuso controlar los movimientos de residuos peligrosos entre las diferentes naciones, pero con el único fin de la autorización del envío y sus condiciones por ambas partes. “La regulación reside en la notificación y autorización previa del envío de desechos por el país exportador y el importador. Luego cada nación es soberana y decide lo que acepta o rechaza”, aseguró a Línea de base Romina Bocache, integrante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Cancillería Argentina. 
           Todo envío de residuos peligrosos que no se notifique previamente a través de la Secretaría del Convenio de Basilea es declarado ilícito o ilegal. A pesar del avance que significó la regulación internacional del tráfico de basura, no pudo con el problema inicial en el que los países desarrollados mandaban su basura a naciones más pobres que no tenían –ni tienen actualmente- los recursos necesarios para el tratamiento debido de ese tipo de desechos.
           Fue por eso que en 1995 los países miembros aprobaron la Enmienda de la Prohibición, cláusula que impediría los movimientos de residuos peligrosos desde países desarrollados a naciones en vías de desarrollo o con economías en transición, ambos enumerados en diferentes anexos. Dieciséis años más tarde, todavía no cuenta con la cantidad de ratificaciones necesarias para entrar en vigor.

          La iniciativa
          Con el objetivo de poder definir un camino a seguir, Suiza e Indonesia, encabezan, desde hace dos años, un proceso informal de concientización de la situación en los países más pobres y vulnerables, conocido como Country Lead Iniciative (CLI). El fin es poder generar material para todos los países miembros y así en la décima Conferencia de las Partes (COP 10), que se realizará en octubre de 2011, decidir sobre el futuro de la Enmienda.

           El debate
           Quienes apoyan la implementación argumentan que es necesaria la protección de aquellos países que no tienen los recursos para el adecuado tratamiento de los residuos peligrosos y que por la necesidad de ingresos económicos terminan aceptando los envíos. “Nos están llenando de basura peligrosa que no podemos eliminar porque no tenemos la infraestructura industrial para hacerlo y si luego necesitamos exportarlos para su tratamiento hacia los países desarrollados dicen que por las medidas medioambientales que han tomado no los pueden recibir”, enfatiza María Amparo Vallejos, representante del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua, en declaraciones a Línea de base.
          A su vez, hay quienes dicen que la prohibición es inadecuada ya que si se trata del cuidado del medio ambiente y la salud de los habitantes no habría que permitir ningún envió de desechos a los países que no posean las plantas de tratamiento adecuadas y no impedírselo únicamente a las naciones desarrolladas. “El problema en realidad es la limitación en la regulación. Un sistema más flexible que cubra más flujos de materiales que el actual Convenio de Basilea y que permita las exportaciones a los países en desarrollo sólo bajo condiciones específicas podría ser probablemente una solución mejor que la prohibición total”, asegura a este blog Andreas Moser del Ministerio Federal de Agricultura, Medio Ambiente y Gestión del Agua de Austria. 


           Movimiento de residuos 
           Según lo informa la Secretaría del convenio de Basilea, en el mundo se generan más de cien millones de toneladas de residuos peligrosos por año y de los cuales, los países en vías de desarrollo generan entre el 20 y el 50 porciento. Además, si se observan los movimientos de desechos en los últimos años, se nota que han aumentado significativamente los envíos de basura entre los países con economías en transición a más de 900 mil toneladas por año, a diferencia de los casi 500 mil que se envían desde los países desarrollados a los en vías de serlo.
           También, los movimientos de materiales reciclables –muchos de ellos catalogados como residuos peligrosos- adquirieron mayor protagonismo en los últimos años. El aumento de la demanda se debe al rápido proceso de industrialización que están llevando adelante muchos países, y los reciclables son un insumo barato para sus industrias. Por ejemplo, según un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Medio Ambiente (UNCTAD por su sigla en inglés) indica que el 80 por ciento de la producción nacional de plomo refinado en Filipinas proviene de la importación y posterior reciclado de baterías. 

           Repensar el problema
           Teniendo en cuenta la situación actual, la Enmienda de la Prohibición no aparece hoy como una solución a los verdaderos problemas. Impediría los movimientos desde los países desarrollados a las naciones con economías en transición, pero no representaría ninguna modificación a los movimientos entre países subdesarrollados. Además, la mayoría de los envíos son de materiales reciclables y en caso de prohibirse muchos países perderían la posibilidad de acceder a insumos más económicos para sus industrias. Este panorama genera un nuevo debate que deberá ser afrontado en la próxima reunión de las partes, no sólo con miras a la ratificación o no de la Enmienda.