Luego de que en los ochenta saltaran a la luz una serie de episodios que pusieron en evidencia el tráfico ilegal de residuos, la comunidad internacional creó un sistema de control de los movimientos trasfronterizos de desechos peligrosos. Mientras todavía se discute la efectividad que tiene para proteger a los países más vulnerables, se impulsó el debate acerca de la cuestionada Enmienda de la Prohibición sobre la cual los Estados deberán tomar una posición para la próxima reunión de las partes.
La regulación
El Convenio de Basilea, puesto en vigor en mayo de 1992 y actualmente integrado por casi de 200 países, se propuso controlar los movimientos de residuos peligrosos entre las diferentes naciones, pero con el único fin de la autorización del envío y sus condiciones por ambas partes. “La regulación reside en la notificación y autorización previa del envío de desechos por el país exportador y el importador. Luego cada nación es soberana y decide lo que acepta o rechaza”, aseguró a Línea de base Romina Bocache, integrante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Cancillería Argentina.
Todo envío de residuos peligrosos que no se notifique previamente a través de la Secretaría del Convenio de Basilea es declarado ilícito o ilegal. A pesar del avance que significó la regulación internacional del tráfico de basura, no pudo con el problema inicial en el que los países desarrollados mandaban su basura a naciones más pobres que no tenían –ni tienen actualmente- los recursos necesarios para el tratamiento debido de ese tipo de desechos.
Fue por eso que en 1995 los países miembros aprobaron la Enmienda de la Prohibición, cláusula que impediría los movimientos de residuos peligrosos desde países desarrollados a naciones en vías de desarrollo o con economías en transición, ambos enumerados en diferentes anexos. Dieciséis años más tarde, todavía no cuenta con la cantidad de ratificaciones necesarias para entrar en vigor.
La iniciativa
Con el objetivo de poder definir un camino a seguir, Suiza e Indonesia, encabezan, desde hace dos años, un proceso informal de concientización de la situación en los países más pobres y vulnerables, conocido como Country Lead Iniciative (CLI). El fin es poder generar material para todos los países miembros y así en la décima Conferencia de las Partes (COP 10), que se realizará en octubre de 2011, decidir sobre el futuro de la Enmienda.
El debate
Quienes apoyan la implementación argumentan que es necesaria la protección de aquellos países que no tienen los recursos para el adecuado tratamiento de los residuos peligrosos y que por la necesidad de ingresos económicos terminan aceptando los envíos. “Nos están llenando de basura peligrosa que no podemos eliminar porque no tenemos la infraestructura industrial para hacerlo y si luego necesitamos exportarlos para su tratamiento hacia los países desarrollados dicen que por las medidas medioambientales que han tomado no los pueden recibir”, enfatiza María Amparo Vallejos, representante del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua, en declaraciones a Línea de base.
A su vez, hay quienes dicen que la prohibición es inadecuada ya que si se trata del cuidado del medio ambiente y la salud de los habitantes no habría que permitir ningún envió de desechos a los países que no posean las plantas de tratamiento adecuadas y no impedírselo únicamente a las naciones desarrolladas. “El problema en realidad es la limitación en la regulación. Un sistema más flexible que cubra más flujos de materiales que el actual Convenio de Basilea y que permita las exportaciones a los países en desarrollo sólo bajo condiciones específicas podría ser probablemente una solución mejor que la prohibición total”, asegura a este blog Andreas Moser del Ministerio Federal de Agricultura, Medio Ambiente y Gestión del Agua de Austria. Movimiento de residuos
Según lo informa la Secretaría del convenio de Basilea, en el mundo se generan más de cien millones de toneladas de residuos peligrosos por año y de los cuales, los países en vías de desarrollo generan entre el 20 y el 50 porciento. Además, si se observan los movimientos de desechos en los últimos años, se nota que han aumentado significativamente los envíos de basura entre los países con economías en transición a más de 900 mil toneladas por año, a diferencia de los casi 500 mil que se envían desde los países desarrollados a los en vías de serlo.
También, los movimientos de materiales reciclables –muchos de ellos catalogados como residuos peligrosos- adquirieron mayor protagonismo en los últimos años. El aumento de la demanda se debe al rápido proceso de industrialización que están llevando adelante muchos países, y los reciclables son un insumo barato para sus industrias. Por ejemplo, según un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Medio Ambiente (UNCTAD por su sigla en inglés) indica que el 80 por ciento de la producción nacional de plomo refinado en Filipinas proviene de la importación y posterior reciclado de baterías. Repensar el problema
Teniendo en cuenta la situación actual, la Enmienda de la Prohibición no aparece hoy como una solución a los verdaderos problemas. Impediría los movimientos desde los países desarrollados a las naciones con economías en transición, pero no representaría ninguna modificación a los movimientos entre países subdesarrollados. Además, la mayoría de los envíos son de materiales reciclables y en caso de prohibirse muchos países perderían la posibilidad de acceder a insumos más económicos para sus industrias. Este panorama genera un nuevo debate que deberá ser afrontado en la próxima reunión de las partes, no sólo con miras a la ratificación o no de la Enmienda.
